COMUNICADO

1.       Es constante preocupación los últimos acontecimientos en el Valle de Huaura provocados por elementos delincuenciales que causan zozobra y alteran el orden público con enfrentamientos innecesarios con nuestros trabajadores y miembros de seguridad de la Empresa.

2.       Desde hace meses, hemos presentado ante las autoridades policiales (PNP y la DICSCAMEC)  las denuncias existentes, no actuaron oportunamente y hoy, hay otro muerto en Andahuasi, además de un trabajador herido en un nuevo  atentado perpetrado por unos 20 matones a sueldo contratados por la empresa Tanks Security S.A. para atacar a los trabajadores de la Empresa. 
Esta vez a la altura de la zona "Loreto" en la carretera Huaura - Sayán, se produjo una balacera aproximadamente a las 8.15 a.m. al repeler un ataque de los delincuentes a los cortadores de caña de la azucarera. Uno de los vehículos utilizado en el atentado fue la camioneta Pick Up Toyota de color negro OD-1935, usada también en el enfrentamiento con la PNP el 11/06/10 en la zona de Manco Cápac, vehículo de propiedad de SCOTIABANK. El fallecido responde al nombre de CRISTHIAN JESUS ADANAQUE ANGEL y era conocido por sus amigos de Huamaya como "Acuático" 

ATENTADOS CONTRA TRABAJADORES, BIENES DE ANDAHUASI y TERCEROS

1.         En el libro de denuncias de la Comisaría de Sayán, se consigna la denuncia Nº 11 a horas 18.15. día 29/04/2010 por el presunto delito contra la vida, cuerpo y salud en la modalidad de tentativa de homicidio con disparos de arma de fuego, en contra de Wilder Ruiz Loayza y familia. Los hechos se producen a la altura del Km. 25 de la carretera Huaura – Sayán y consta en la denuncia policial, que los disparos provenían de la camioneta Toyota color plomo, 4 X 4 de placa OD-1853[1].

2.         Wilder Ruiz declara en la denuncia, que minutos antes, otro vehículo de color negro, de placa PGN-267[2], estacionado en el semáforo, al ingreso a la carretera a Sayán, intersección con la carretera Panamericana, los empezó a seguir desde ese punto, hasta que lo reemplaza en la persecución, la camioneta OD-1925, hasta la zona de Humaya, lugar donde aparece la camioneta OD-1853.

3.         Cuatro meses después de esta denuncia, se ha constatado que la PNP nunca emitió orden de captura contra los citados vehículos, por lo tanto no pudo capturar a los presuntos responsables del delito y el Ministerio Público archivó el caso. El caso ha sido reabierto nuevamente

4.         El 18 de mayo del presente año, personal de la PNP Huacho (SO PNP Juan Ramírez La Cruz) interviene a la camioneta OD-2985 circulando con placas de rodaje de madera y con 5 sujetos, todos portando armas, de civil, naturales de Trujillo y contratados por la empresa Tanks Security  S.A.

5.         El día 27 de mayo 2010 la PNP de Huacho (SO PNP Chipana Villavicencio – Parte S/N 2010 – DIVPOL – PNP – H – CH) interviene al vehículo auto Suzuki DD-1424, con dos sujetos armados, de apellidos Peña y Malpartida, que manifiestan prestar seguridad privada al Juez de Investigación Preparatoria de Huaura, Carlos Humala Trigoso, encargado del caso Andahuasi.

6.         El día 11 de junio 2010 se produce un enfrentamiento entre agentes de seguridad de la empresa de seguridad Tanks Security S.A. y efectivos de la PNP en el anexo Manco Cápac en la misma carretera, en el que resulta muerto el sujeto Jonathan Gutiérrez Boza. En este enfrentamiento, es capturada la camioneta de placa OD-1935^[3], de numeración muy similar a una de las camionetas involucradas en el ataque a Wilder Ruiz Loayza, el 29/04/2010. Los detalles del enfrentamiento y el acta de registro vehicular, hallazgo e incautación de explosivos (granadas), pólvora negra, anfo y mecha quemada están incluidos en el Oficio Nº 734-10-VII-DIRTEPOL-PNP-H-DEPICAJ de fecha 12/06/2010 recibido por el Ministerio Público, Distrito Judicial de Huaura; Fiscalía Provincial Penal Corporativa; Primer Despacho de Decisión Temprana de Huaura, el mismo día. Los 17 detenidos, 7 de ellos, sin licencia de portar armas, son puestos en libertad casi inmediatamente y se desconoce si hubo determinación de responsabilidades penales.

7.         En el Informe Policial 195-2010-VII-DIRTEPOL-L-DIVPOL-H-DEPICAJ se consigna las declaraciones del agente de seguridad Víctor Manuel TAMAYO SALINAS, quien refiere que el vigilante muerto en el enfrentamiento es un agente de seguridad de la empresa TANKS Security S.A.

8.         En el Informe Policial 195-2010-VII-DIRTEPOL-L-DIVPOL-H-DEPICAJ se consigna las declaraciones del agente de seguridad Elmer Wilder MENDOZA SANTISTEBAN, quien manifiesta haber sido contratado por la empresa TANKS, para prestar servicio de seguridad a la empresa Andahuasi, gerenciada por el Sr. Carlos Rivas Urteaga

9.         El chofer de la camioneta OD-1935, intervenida el día 11/06/2010 en el sector Manco Cápac es el Sr. Jean Paul HERRERA DÍAZ, quien manifiesta laborar para la empresa TANKS. La camioneta OD-1935 es extraña y rápidamente liberada días después del enfrentamiento con la PNP, desconociéndose el nombre del Fiscal y de la persona a quien se entrega la camioneta. La camioneta OD-1935 registra tarjeta de propiedad a nombre de SCOTIABANK.

10.     El día 06/08/2010, un camión de la empresa Transportes Chero, es atacado a balazos, mediante dos camionetas, una de las cuales es impactada en maniobra evasiva por el chofer del camión y queda inutilizada al borde de la carretera, huyendo sus ocupantes, no sin antes dejar  casquillos de bala percutados y proyectiles sin percutar, además de un pasamontañas y un botella con gasolina tipo coctel Molotov.

11.     La PNP de Huaura identifica a la camioneta que participa en el ataque (06/08/2010), de placa OD-1853  es decir, la misma camioneta de la cual disparan contra Wilder Ruiz Loayza el 29/04/2010; sin embargo esta camioneta es liberada por la Fiscal Lizet Alvarado Arroyo y entregada al sujeto Yuri Franco Rivera, el día 07/08/2010 a horas 12.45 en la Comisaría de Huaura; consignando en el acta de entrega, que la camioneta estaba involucrada en un accidente de tránsito y “otros”

12.     En la declaración de Yuri Franco Rivera, de fecha 06/082010, ante la misma Fiscal Lizet Alvarado Arroyo, a las 17.43 horas declara que él viajaba de Lima a Trujillo en la camioneta OD-1853 el día 05/08/2010, que había salido de Lima entre las 20.00 y 21.00 horas, llegando a Huacho a eso entre las 23.30 y las 24.00 horas del mismo día 5 de agosto, hospedándose en el Hotel Los Sauces en zona céntrica de Huacho.

13.     En la misma declaración, en el numeral 07, declara que él estaba solo a eso de las 04.50 horas por la zona del Km. 13.800 de la carretera Huaura Sayán, realizando inspecciones a las unidades que él alquila a la empresa Andahuasi y que los hechos se producen cuando la camioneta es chocada por el camión de Transportes Chero, desconociendo quién efectuó los disparos que impactaron en el parabrisas del camión y desconociendo el origen de los proyectiles y casquillos encontrados en su camioneta. 

14.     En su declaración, numeral 9, manifiesta que los hechos corresponden a un accidente de tránsito donde el responsable es el chofer del camión, que miente para evadir su responsabilidad. Resulta sospechoso que ante las evidencias del caso; impactos de bala y demás, la Fiscal no formule preguntas y entregue el vehículo que constituye prueba del delito; sin que se consigne en la declaración, ni siquiera el nombre de la empresa que dice poseer el sujeto Franco Rivera

15.     El día 21 de setiembre, a horas 18.00 en las cercanías de Andahuasi, es detectado un vehículo de placa PIQ-046 Pick Up Nissan de color blanco, cuando huye del lugar, después de haberse producido explosiones y encontrándose mechas. La placa de rodaje PIQ-046 corresponde a una camioneta registrada como propiedad de Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A.; actualmente en poder de los señores Eduardo Núñez Cámara y Carlos Rivas Urteaga.

16.     El Sr. Yuri Franco Rivera, quien retira la camioneta OD-1853 luego del atentado contra el camión de Transportes Chero; es amigo personal del Sr. Gerson Gonzáles Porras; propietario de la empresa de seguridad Tanks Security S.A.

La PNP y el Ministerio Público enfrentarán ahora graves problemas porque hasta en dos oportunidades favorecieron a los delincuentes, liberando las camionetas involucradas en los atentados; lo que ha generado gran indignación en la comunidad de Sayán y en especial en los pobladores de Humaya, donde contratan menores de edad y personas sin experiencia para formar parte del contingente de la Empresa  TANKS Security S.A. con las consecuencias nefastas como la muerte de CRISTHIAN JESUS ADANAQUE ANGEL. Lamentablemente nuestras inquietudes nunca fueron escuchadas por las autoridades involucradas.

Nuestra Empresa siempre se ha mantenido en estricto cumplimiento de las Leyes vigentes, exhorta a las autoridades que cumplan con la Ley y apliquen el peso de la misma a Eduardo Núñez Cámara y los Hermanos WONG quienes contratan a estos sujetos prontuariados y sin experiencia en el manejo de armas en los Sectores de Santa Rosa y Quipico.

Ratificamos nuestra Fé, respaldo y consecuencia en nuestro Administrador Judicial Ing. César Feliciano Chavesta y  las acciones emprendidas para recuperar el patrimonio de los accionistas que pretendieron ser esquilmados por los Hermanos WONG y Eduardo Núñez Cámara.

                                                                                    ANDAHUASI, 06 de Noviembre del 2010.

ANDAHUASI NO SE VENDE, ANDAHUASI SE DEFIENDE

SIEMPRE DE PIE, NUNCA DE RODILLAS

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[1] Camioneta Pick Up Toyota Hi Lux registrada como propiedad del Banco Continental

[2] Camioneta Pick Up Toyota Hi Lux registrada como propiedad del Gobierno Regional de Cajamarca, de color beige metálico 

[3] Camioneta Pick Up Toyota Hi Lux Color negro metálico registrada como propiedad de Scotia Bank

IDL - La Sal de Andahuasi

Edición 201

La Sal de Andahuasi

Gerardo Saravia

Los trabajadores tienen más pruebas que abonan a la teoría de que el Grupo Wong está metido hasta el cuello en la colada

La cuestionada transacción se hizo a través del Scotiabank, empresa bancaria en la que Erasmo Wong aparece como miembro del Directorio

 

El caso de la ex Cooperativa Andahuasi revela los contubernios a partir de un poderoso botín económico: el azúcar.

En este asunto está involucrado uno de los grupos económicos más importantes del país.

El día que el Ministro de Agricultura salió a declarar que existía escasez de azúcar y se debía importar, más de 300 mil sacos se estaban pudriendo en Andahuasi, una de las principales empresas azucareras del país, que, según sus propietarios, abastecen más de la tercera parte de toda la azúcar que se comercia en Lima.

Lo que sucede en Andahuasi parece ser calco y copia de la era de conflictos sociales que ha inaugurado García II: tabla rasa del diálogo y diversos intríngulis judiciales que favorecen a gordos intereses económicos.

La historia de Azucarera Andahuasi dista mucho de ser dulce. Desde hace tiempo sus cañaverales, en vez de cautivarnos con su melaza, cultivan una malaza controversia fiduciaria en la cual están envueltos los grupos económicos más importantes del país. Hace unas semanas, coincidiendo con el aniversario de los sucesos de Bagua, el Estado estuvo a punto de darnos una lección de que no había aprendido nada.

¿Desde cuándo la entrañable y fiel hasta el empalago azúcar rubia se convirtió en pólvora y botín?

El especialista Jaime Escobedo, de CEPES, explica por qué el azúcar se ha convertido en un apetitoso botín:

“El mercado azucarero es altamente rentable; por eso importantes grupos económicos están tan interesados en controlarlo. Según un último informe de la Conasev y del Ministerio de Agricultura, de enero a marzo de este último año el azúcar ha tenido una rentabilidad de 12% en pleno contexto de crisis y desabastecimiento. Pese a que hubo disminución, el sector azucarero tuvo incremento de sus ganancias”.

Los problemas legales, en esta trama, vendrían a ser solo el escenario preliminar de una guerra por el control monopólico de tierras destinadas al cultivo de la caña de azúcar.

Cuando comprar es un placer

Lo que sucede en Andahuasi es solo un episodio más en la disputa de los barones de la caña. Pero es muy expresivo de lo que se juega en nuestro país, y de cómo se juega. El devenir de Andahuasi es el de toda la agricultura peruana. Durante la primera mitad del siglo pasado fue una hacienda de inmensos cañaverales. Con la reforma agraria de Velasco Alvarado la hacienda se convirtió en cooperativa. Pasó el tiempo y otro Chino cambió nuevamente su destino legal y pecuniario. Los tiempos ya no estaban para administraciones. La modernidad sentenciaba conversión a empresas de sociedad anónima. Era finales del siglo pasado.

Por estos tiempos la empresa de sociedad anónima tiene a unos nada anónimos litigantes que se disputan la propiedad de la mayoría de acciones: los grupos Wong y Bustamante, y los trabajadores. El conflicto explotó en abril del año pasado, cuando Eduardo Núñez, entonces Presidente del Directorio, vendió el 20% de las acciones al Grupo Wong. Todo bien, si no fuese porque la transacción fue ilegal: Núñez no tenía la facultad de vender en nombre de los trabajadores esas acciones. Según ellos, nunca autorizaron tal venta.

¿Sabían de esto los Wong? Para Wilder Ruiz, ex miembro del Directorio, los Wong no son ningunos wones, y no solo estaban al tanto de la fraudulenta transacción sino que ésta fue digitada por ellos:

“Núñez vende un paquete de 50 millones de acciones al valor de un sol por acción; la estafa consiste en que lo hizo a título personal, porque nunca hubo una junta general que aprobara esa venta. Según la ley, nosotros debimos autorizarlos, lo cual no ocurrió. Sería absurdo pensar que los Wong no estaban al tanto. Ellos son empresarios que tienen varias empresas que cotizan en bolsa y dentro de la ley. No son nada tontos. La estafa estaba conversada, concertada y bien proyectada, pero nosotros nos dimos cuenta a tiempo”.

Los trabajadores tienen más pruebas que abonan a la teoría de que el Grupo Wong está metido hasta el cuello en la colada.

La cuestionada transacción se hizo a través del Scotiabank, empresa bancaria en la que Erasmo Wong aparece como miembro del Directorio.

“De los 70 millones que era el paquete completo que pretendía vender Núñez, 50 estaban en la Scotia bolsa y 20 en agencia Investa. Núñez autorizó la venta de 70 millones y 50 pasaron, porque Scotia estaba relacionado con los Wong, pues Erasmo es director de Scotiabank; pero Investa neutralizó los otros 20, y nosotros llegamos a cautelar esos 20 a través de Conasev”, manifiesta Ruiz.

Precios más bajos, siempre

¿Significa que los de Investa fueron probos al detectar la irregularidad de la transacción? No, güey. Lo que sucede es que en el Directorio de Investa se encuentra Manuel Bustamante, miembro del grupo Bustamante, otro de los socios de la conquista del azúcar andahuasina.

El año pasado este grupo hizo que los trabajadores de Andahuasi vendieran sus acciones a un sol, precio arbitrario pues se saltaron los pasos que el organismo encargado de este tipo de transacciones establece. Según el reglamento de Conasev, para hacer una venta de acciones superior al 25% debe haber una OPA (Oferta Pública de Acciones) para que el trabajador-accionista pueda decidir venderle la acción al mejor ofertante.

Pero los trabajadores de Andahuasi cometieron un ¿error? En su controversia con el Grupo Wong se aliaron con los Bustamante, entre quienes se encuentran algunos personajes conocidos, como Hernán Garrido Lecca. La confianza les terminó saliendo cara…

Conasev le ha terminado dando la razón a los trabajadores de Andahuasi: su investigación ha encontrado serias irregularidades en estas operaciones.
Sin embargo, en nuestro país las leyes parecieran dar para todos los gastos (perdón, gustos). Lejos de procesarse este ilícito (como suelen llamar los abogados a los fraudes), el juez Humala Trigoso ordenó desalojar a los trabajadores de su empresa para (im)poner a Carlos Rivas, el hombre que, junto a Eduardo Núñez, habría hecho el fraude a los accionistas-trabajadores de Andahuasi.

El ambiente en Andahuasi está sumamente cargado. Si uno se pasea por los diferentes portales periodísticos, encuentra acusaciones de uno u otro bando. La verdad es difícil de dilucidar. Las acusaciones contra Wilder Ruiz y Cía. están a la orden del día. A Ruiz se le acusa desde robo, salir con vedetes y hasta de violador, pero hasta el momento ninguna de esas denuncias se ha corroborado. Si nada de eso tiene asidero, se trataría de otra de las herencias de la década-Fujimori: el uso del periodismo como ventilador con barro. 

Hace unos días la sangre estuvo a punto de llegar al río en la ex hacienda. Si la orden del juez se cumplía a rajatabla, hubiera habido un enfrentamiento masivo entre policías, trabajadores y el pueblo de Andauasi.
Si tal cosa hubiera sucedido, estas líneas serían un responso, de esos que nos encantan a los periodistas. En ese caso, tengan la seguridad de que los medios de comunicación no habrían escatimado reflectores a lo consumado. Sin embargo, una oportuna orden judicial atemperó el ambiente: se nombró administrador judicial a César Chavesta, quien es parte del grupo de trabajadores que litiga en contra de los Wong y los Bustamante.

Dijimos que la sangre estuvo a punto de llegar al río, pero en realidad en Andahuasi la melaza hace mucho que tiene color rojizo-coagulado. La suma llega a cuatro que también son motivo de disputa. Los trabajadores le echan la culpa a grupos paramilitares contratados por Wong y Cía.

Lo curioso es que en uno de los tantos episodios, cuando la Policía fue a desalojar a los trabajadores, la gran prensa tituló: “Se atrincheran en Andahuasi”. Resulta cuando menos extraño que trabajadores se atrincheren en una empresa que les pertenece y, más aun, cuando existe todo este precedente de negociaciones engañosas.

A pesar de la orden de administración judicial, las cosas siguen pintando color hormiga. Los trabajadores han tenido que proteger al juez que dio esa sentencia para que pueda laborar tranquilo. No obstante ello, las denuncias de corrupción van y vienen de todos los lados. Tanto el juez Humala Trigoso, que dio la orden de desalojo a favor de Núñez, como el juez Manuel Jara, que dispuso la administración judicial, son acusados de corruptos.

Según Orlando Baldeos, otro de los dirigentes de Andahuasi, el Grupo Wong quiso sabotear la administración judicial depositando el dinero en el banco correspon-diente a los sueldos que les adeudaban a los trabajadores.
Si los trabajadores cobraban ese dinero, la administración culminaba, ya que el objetivo de la administración judicial era terminar de pagar la deuda con los trabajadores:

“Cuando el juez Jara da la resolución, dice que se tenía que pagar el monto adeudado a nosotros los trabajadores, que era más de nueve millones. Los Wong hicieron ese depósito para que la gente se cobrara y la administración desapareciese. Nosotros dijimos que no íbamos a tocar esa plata porque Wong no tenía nada que ver. Ellos han comprado a jueces y fiscales y han hecho que la Policía nos decomise 6.300 sacos de azúcar y 36.000 litros de alcohol”.

Hechos por aclarar

Andahuasi no puede convertirse en un enrevesado cañaveral sin salida. Existen hechos que, por su gravedad, deberían ser aclarados por un Poder Judicial probo. Días después de la muerte de los cuatro trabajadores de Andahuasi, la Policía hizo una redada en la zona en la que los hallazgos de armas y municiones no fue lo único llamativo. Una camioneta de Scotiabank podría convertirse en el hilo de la madeja. Erasmo Wong, como hemos indicado, es uno de los directores de dicha empresa. Los dirigentes de Andahuasi insisten en que el Grupo Wong contrató a los paramilitares.

Pero el poder económico de los Wong y de los Bustamante no sería con lo único que tendrían que lidiar los dirigentes. Existe un video que grabaron en una de las audiencias en el que se escucha al juez Humala Trigoso diciendo que había recibido llamadas de las altas esferas para que los ayudara a resolver el caso. Las llamadas, de acuerdo con el video del juez, eran del primer ministro Velásquez Quesquén y de un tal Alan García.

Nunca el azúcar había sabido tan mal. Salada.

Fuente:

http://www.revistaideele.com/idl/node/681

Se pudren 300 mil sacos de azúcar

Grave denuncia involucra magistrados de Corte Superior de Huaura

Presidente Sala Penal - Luís Vásquez Silva

Presidente Junta de Fiscales - Marlon Calle Pajuelo

Fiscal - Feliciano Francia

Juez Prevaricador - Carlos Fidel Humala Trigoso

Trabajadores accionistas de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A. pidieron al presidente del Poder judicial, Javier Villa Stein, realizar una visita inopinada al distrito judicial de Huaura para constatar personalmente el deterioro en que se encuentran 300,000 sacos de azúcar incautados irregularmente.

En una carta dirigida al titular de la Corte Suprema, denunciaron también “una evidente y escandalosa parcialización de parte de magistrados de la Corte Superior de Huaura”, en los procesos penales, interrumpiendo así el normal desarrollo de las operaciones de la empresa Andahuasi y haciendo peligrar el trabajo de 1,800 trabajadores y sus familias.

Explicaron que se ven obligados a acudir de esa manera al presidente del Poder judicial en vista que las denuncias comprometen también a la Presidencia de la Corte Superior de Huaura, por lo que todos los recursos tramitados han sido rechazados o declarados infundados, en una jurisdicción que parece ser “tierra de nadie” y donde la justicia casi no existe.

Recordaron que dos grupos económicos se hicieron de 49 millones de acciones, mediante una dolosa operación, utilizando argucias legales y con la evidente complicidad de un Registrador Público, para trabar la administración de la empresa y enredar el proceso registral de otorgamiento de poderes.

En la misiva, fechada el 7 de agosto de 2010, los trabajadores accionistas señalan que para poder disponer ilegalmente de los 49 millones de acciones ilegalmente adquiridas, el ex gerente, Carlos Rivas Ugarte, apoyado por uno de los grupos económicos, acusó a los trabajadores de robar su propia azúcar y usurpar su cargo, cuando él había cesado el 30 de abril de 2009.

Según los trabajadores que suscriben la carta, los magistrados cuestionados, lejos de cumplir con lo que manda la ley, optaron por incautar 300,000 sacos de azúcar, como supuesto “cuerpo del delito”, como medida destinada a cautelar la denuncia del ex gerente de la empresa, a pesar de su condición de bienes de carácter perecible.

Así las cosas, los trabajadores accionistas advierten que se evidencia objetivamente la parcialidad de los magistrados de la Corte Superior de Huaura; por cuanto fue de conocimiento público, la forma en que las acciones fueron adquiridas utilizando para ello ardides, argucias y engaños.

Lo más grave de todo –advierten- es que el juez Humala Trigoso ha desconocido la condición del Administrador judicial designado por el Primer Juzgado Civil y mantiene tercamente la incautación de los 300,000 sacos de azúcar, cargamento cuyo valor comercial se estima en 30 millones de soles y que se está pudriendo.

Denunciaron que una prueba del abuso de autoridad del juez Humala Trigoso, es que cuatro camiones de la empresa Andahuasi, valorizados en 400.000 dólares americanos se mantienen indebidamente retenidos por el magistrado, sin que en ningún momento se haya emitido la Resolución de Incautación, y simplemente han sido entregados a un tercero, que está lucrando con el uso de dichos vehículos.

Los trabajadores accionistas de Andahuasi señalan en su carta que este juez es el mismo que agredió en plena vía pública a su pareja sentimental, Dolores Matilde Bujanda Gómez, abogada de profesión, según denunció la agraviada en la comisaría de Huacho.

La carta dirigida al presidente del Poder judicial, Javier Villa Stein, está firmada por el Comité de Defensa Civil de Andahuasi, el Comité de Madres de Andahuasi, la Asociación de Accionistas, el Sindicato Único de Trabajadores y los trabajadores de Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A.

(Fuente - Diario LA PRIMERA)

AHORA le toca al Corrupto HUMALA TRIGOSO

Miércoles 04 de agosto de 2010 - 07:31 am

Vergonzoso: juez liberó a narcotraficante y se fue a tomar cervezas con él

Ambos fueron ‘ampayados’ en un local de Chachapoyas junto dos policías y al jefe de seguridad del penal, en donde purgó pena el sentenciado por tráfico ilícito de drogas

En una misma mesa y con cuatro botellas de cerveza fueron sorprendidos en un local de Chachapoyas el juez Edgar Víctor Gómez Quispe y el sentenciado por tráfico ilícito de drogas a quien había liberado, Teófilo Portocarrero Fernández.

El pasado 16 de julio al mediodía, el magistrado del Juzgado Penal Liquidador de la provincia de Rodríguez de Mendoza de la Corte Superior de Justicia de Amazonas le dio la libertad condicional al narcotraficante.

Pero cuatro horas después, ambos fueron encontrados por personal de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) tomando cerveza en un establecimiento.

En el lugar además se encontraban dos policías y el jefe de seguridad del penal donde purgó condena Portocarrero, según informó el noticiero televisivo “24 Horas”.

“Es una decepción grande por un magistrado que no reúne las cualidades de integridad que se requiere para afrontar una situación de esta naturaleza. No puede ser que un magistrado esté libando bebidas alcohólicas con un reo”, sostuvo Enrique Mendoza, jefe de la OCMA, que suspendió preventivamente al juez Gómez y le inició una investigación por haber cometido una falta grave.

Está demostrado hasta la saciedad que los Jueces en su "autonomía" funcional interpretan la Ley de acuerdo a intereses subalternos.

Carlos Humala Trigoso, Juez de triste proceder jurisdiccional está con las horas contadas.

Núñez y Rivas serán procesados por delincuentes

La Corrupción no se detiene en Andahuasi

Los trabajadores de la azucarera están en alerta ante posible fallo judicial que los acusaría de usurpación de cargo y hurto agravado. Tras la maniobra se encuentra Carlos Rivas Urteaga, responsable de falsificación de documentos para rematar la empresa y otros delitos, según denunciaron los accionistas.

Todo hace pensar que la historia de robos y usurpaciones que sufrieron los trabajadores de la cooperativa Andahuasi, al norte de Lima, tendrá un nuevo capítulo este martes 20, pues Carlos Rivas Urteaga, ex gerente general de la azucarera, no se resiste a que el Poder judicial le haya concedido la administraciónjudicial al sindicato de trabajadores de la agroindustrial, hace poco más de un mes, pues ahora ha denunciado a los accionistas trabajadores de Andahuasi por los delitos de de usurpación de cargo y hurto agravado, e incluso ha solicitado a la autoridad judicial la incautación del azúcar que se produce en este ingenio, lo que podría afectar al consumidor nacional. Esta decisión la tomará el juez Humala Trigoso.

Sin embargo, la acción legal de Rivas Urteaga no es válida, pues detrás de sus intereses personales y comerciales hay una serie de artimañas jurídicas ilegales, que el 2009 le valieron hacerse de forma delincuencial con el directorio y la gerencia de la azucarera, aprovechando una serie de poderes obtenidos indebidamente para rematar las acciones de Andahuasi, 49 millones en total, a un costo de un sol por título, pero el depósito del dinero nunca se realizó.

Para urdir toda esta telaraña jurídica Rivas Urteaga se valió de varios cómplices. El primero de estos fue Eduardo Núñez Cámara, con quien logró “fabricar” actas y títulos que sustentaban la ficticia venta del total del accionariado todo ello a espaldas de los demás accionistas de la empresa, quienes confiaban y creían que Rivas Urteaga trabajaba para ellos, para mejorar las cifras de la industria.

Además de su cómplice en el directorio de la empresa, Rivas también se valió de la compra de conciencias de varios funcionarios de la oficina de registros públicos de Huacho, siendo el principal personaje en esta dependencia de la red de corrupción Hildebrando Jiménez Saavedra, funcionario que olvidó todas las observaciones que inicialmente puso a los documentos presentados por Rivas y Núñez, y que al final accedió a inscribir al nuevo ilegítimo directorio de Andahuasi, dejando como gerente a Carlos Rivas Urteaga y como presidente del directorio a Núñez Cámara.

La Red de Corrupción

Para entender lo que pasó con Andahuasi hay que ver la serie de irregularidades que se cometieron cuando se buscó inscribir el directorio ilegal, hay que tener en cuenta las observaciones legales que se dieron a esta intención, y finalmente cómo sin subsanar nada, se logra inscribir el directorio que permite el remate de la empresa a un grupo conformado por Erasmo Wong y Efraín Wong, entre otros más, dueños de la azucarera Paramonga, cercana a los predios de Andahuasi.

La operación para adueñarse ilegalmente de Andahuasi empieza el 2009, cuando Eduardo Núñez dispuso el ingreso a Sunarp Huacho de 5 títulos de otorgamiento de poderes y nombramiento de funcionarios, con lo que justificó su operación de venta de los 49 millones de acciones de la Azucarera Andahuasi.

En ese entonces no se sabía que esos títulos correspondían a actas simuladas de directorio y de juntas de accionistas. Núñez y Rivas se valen de un acta del 2008 del directorio legítimo de Andahuasi, como consta en la ficha 00002235 de Sunarp Huacho, con esto logran obtener un poder para representar a Azucarera Andahuasi en Industrial Andahuasi SAC y así vender las acciones.

Esta acta fue observada, pues no contaba con dos firmas del directorio de ese entonces, por lo que apelan a los malos oficios del notario Carlos Reyes Ugarte, quien subsana la observación, “ideando una reapertura” de acta el 07 de mayo de 2009 (cuando los actos de ese directorio ya no eran válidos desde el 30 de abril de 2009). Con este ardid jurídico, Núñez logra que el directorio, y no los accionistas, le dieran poder para vender las acciones.

Pese a todo lo descrito, La Sunarp Huacho tacha la inscripción, por poseer “defecto insubsanable” lo que impedía la inscripción, pues habían consignado el punto de agenda en la convocatoria a los accionistas de Industrial Andahuasi SAC: “Revisión de acuerdos” en lugar de “Autorización para vender acciones representativas del capital”. Ante este fracaso, Rivas Urteaga apela al Tribunal Registral en Lima y este Tribunal ratifica las tachas, con lo que se frustra e invalida la supuesta junta de accionistas del 11/05/09 en Industrial Andahuasi SAC.

Más Delitos

La desesperación de Núñez y Rivas por lograr hacerse con el accionariado de la empresa apremiaba, pues el grupo Wong ya había cancelado los 49 millones de soles, que presuntamente costaba la azucarera, pero no podían hacer entrega del 100% de acciones, ya que sus intentos de fraguar los documentos sucumbían ante las tachas que recibían.

Cansados de los impedimentos legales, en noviembre de 2009 la dupla Núñez–Rivas trata de reabrir en noviembre 2009 el acta del el 24 de abril de ese año, a lo que los accionistas de Industrial Andahuasi SAC le responden a Núñez con sendas cartas notariales advirtiéndole de lo ilegal del acto solicitado.

Pese a las advertencias, Núñez y Rivas ingresan a Sunarp el día 19 de noviembre de 2009 con el título 00006971, un instrumento notarial extraprotocolar, emitido por el notario César Carpio Valdez, completando su gesta estafadora.

Este documento fue una acta falsa que reabrió el acta del 24 de abril, de Industrial Andahuasi SAC, y la acompañan con una “declaración jurada de Núñez Cámara, que acredita la convocatoria a la junta de acuerdo a ley. Pero toda esta serie de deficientes ardides no habría sido completada de no ser por la participación de Hildebrando Jiménez Saavedra, registrador de Huacho, quien siendo autor de una de las tachas, y defectos insubsanables de la venta de los 49 MM de acciones, da por válida el acta falsa y la inscribe el 15 de enero de 2010, consumando así la ilegal e inválida venta de los 49 millones de acciones de Andahuasi.

Atestado Policial los acusa

Otra prueba de que todo lo descrito se hizo de forma ilegal es que la División de Estafas de la Policía Nacional determinó responsabilidades en los actos ilícitos en Eduardo Núñez Cámara y Carlos Rivas Urteaga. También señala el atestado que se contó con la complicidad del registrador público de Huacho, Hildebrando Jiménez Saavedra. Ante esto recomienda a la Fiscalía acusar penalmente a Núñez, Rivas, Hildebrando Jiménez y los que resulten responsables (concurso de delitos).

La comisión de los delitos apuntó a vender ilegalmente los 49 Millones de acciones de Andahuasi. También se da implicancias para acusar a Elizabeth Bernal, representante bursátil de Andahuasi, quien habría ocultado esta información de facultades otorgadas y venta de 49 millones de acciones a la Conasev.

Fuente:
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=66485